Mauricio MulderOpinión

Una impecable investigación

Por: Mauricio Mulder

En la medida en que avanzaban las investigaciones sobre el accionar de Martín Belaúnde Lossio en torno a las denuncias periodísticas sobre diversos indicios de tráfico de influencias o colusión con funcionarios del poder ejecutivo, fue configurándose la hipótesis de que el entorno original político empresarial de dicha persona había resultado siendo determinante para la consecución de sus fines.

En otras palabras, sin la vinculación estrecha con Ollanta y Nadine Humala, sin su visible y preponderante papel jugado en las campañas electorales del 2006 y 2011, sin su reconocido poder de miembro del círculo íntimo de los conductores del nacionalismo, no hubiese sido posible para MBL adquirir los derechos del diario La Primera, puesto al servicio de sus objetivos políticos; participar en la elaboración de las listas parlamentarias; opinar en el nombramiento de altos funcionarios; entablar amistad y sociedad con presidentes regionales; y lograr una política de puertas abiertas en todos los ámbitos de la administración pública, sobre todo en despachos ministeriales y congresales.

Esa amistad estrecha se vio a su vez caracterizada por la simulación de contratos de “trabajo” con la señora Heredia, con su hermano, con el entorno familiar más cercano (madre, primas, y mejor amiga personal)  para transferirle decenas de miles de dólares cuyo origen se desconoce y que llegaron a borbotones sobre todo en la campaña del 2006.

Este hecho fue corroborado por los informes oficiales de las entidades del Estado encargadas de alertar sobre operaciones sospechosas y las que registran los tributos respectivos. Hoy sabemos por las agendas encontradas -que no han sido consideradas en las investigaciones de la comisión-, que estos hechos son verdad y que por lo tanto deben merecer que se anule la ilegal sentencia de la sala

Integrada por los jueces Sumar, Gonzales y Vigo, este último recientemente suspendido por ayudar a cuestionada familia Sanchez Paredes, que comparte ¡oh casualidad!  El mismo abogado con la primera dama.

Si de las investigaciones de una comisión investigadora surgen elementos que sindican a otras personas no establecidas en el mandato del pleno tienen grados de complicidad o de autoría, la comisión está impedida de omitir una consideración  y una evaluación jurídica ya sea imputando, cuestionando o desestimando algún criterio jurídico porque incurriría en omisión de deberes de función. Así lo hizo por ejemplo, la llamada “mega” comisión encargada de investigar al ex presidente Alan García cuyo mandato otorgado por el pleno del Congreso se circunscribía a investigar al ex presidente pero que ha terminado acusado constitucionalmente a por lo menos 8 ministros y denunciando ante el Ministerio Público a decenas de personas, incluso algunas que ni siquiera han comparecido ante dicha comisión.

Por eso es que el Poder Judicial desestimó  la acción de amparo presentada por la defensa de la señora Humala contra la Comisión, alegando que se le sustraiga de la investigación. Ello, porque ha sido incuestionable que se ha respetado escrupulosamente el debido proceso y los derechos de las personas investigadas, que han tenido asimismo irrestricto acceso a todos los documentos y expedientes trabajados, al punto que incluso uno de ellos fue revelado, pese a ser reservado, por la propia señora investigada en senda conferencia de prensa y en fracasado intento de descalificar a la comisión.

El debido proceso ha hecho carne ya en el Congreso. La sentencia Tineo Cabrera, que señala que la facultad “jurisdiccional” del Congreso no puede soslayar las normas básicas de los derechos procesales se aplica, aunque la propia Comision de Constitución, manejada por el oficialismo, haya aprobado un informe que señala que esa sentencia no es aplicable en el Congreso. Dicho informe, que quedará para que la posteridad cubra de vergüenza a quienes votaron por el, por el propio peso del proceso democrático del país, ha terminado en el basurero de la historia.

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