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Por orden de la Reina

Son pocos los días, como el martes 20 de octubre, en los que se alinean con tanta intensidad, sucesos de la vida política nacional, tan cargados de sentimientos encontrados, pero de un hilo conductor tan claro como nefasto.

Si bien es cierto, un 20 de octubre de 1844, nació el poeta maldito Arthur Rimabud, la jornada política de ese día, con renuncias, sentencias y adioses (aunque puede ser solo un hasta luego), guarda distancia del alma desgarrada del creador de “Iluminaciones”. Sin embargo, ese día crucial ha  girado, por obra y gracia de todo el aparato de gobierno, en torno al destino de la primera dama, Nadine Heredia. Es decir, todas las piezas del ajedrez del poder, con sacrificio de peones y alfiles, para salvar a “La Reina”.

A esta altura de las cosas, expresarse así no es una exageración. Un ministro menos, como Gustavo Adrianzen, cuya cuenta regresiva en el cargo estaba corriendo, pero a la que él mismo le añadió un componente vergonzoso, sacando bajo la manga los argumentos de la mafia que hostigó a Julia Príncipe, a través de sus pasquines; constituyó la jugada más sucia de la jornada. Fue la salida propia de un peón.

A la sazón, el adiós arbitrario y abusivo a la abogada Julia Príncipe, un alfil de la lucha contra la corrupción, fue el costo más alto de la fecha; sin embargo y si las cosas se dirigen por el cauce correcto, podría ser solo un breve paréntesis, de no mediar el empecinamiento y la soberbia, que tan mala consejera ha sido en Palacio de Gobierno. Y decimos esto porque, mientras se escribe esta columna, hay una corriente muy fuerte, en el Congreso, para solicitar la reincorporación de la procuradora en sus funciones; muerto ya el peón que la corrió.

El tema va más allá. Se están reuniendo las firmas para que el Congreso interpele al premier Cateriano como al ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, suscriptores de la arbitraria resolución que destituye a la procuradora Príncipe. El asunto se agrava porque el jefe de gabinete deslizó la versión de que, en su momento, el gobierno pudo haber cerrado el Congreso, pero no lo hizo bajo el supuesto de que por la cercanía a las elecciones, no habría censuras ni interpelaciones. Qué quiso decir: ¿que el ejecutivo le perdonó la vida al Congreso y ahora este no cumple “su parte”?

Desde luego, en esta somera descripción de la fecha, no podía faltar la sentencia del Tribunal Constitucional que trajo por los suelos la estrategia de defensa de los asesores legales de la primera dama. No contaban con los movimientos firmes de las torres (magistrados), dentro del principal órgano de control de la constitucionalidad. Bien por esta institución que con su conducta, deja de lado cualquier suspicacia en torno a su independencia del poder.

En consecuencia, si el TC ha acogido el agravio constitucional del Ministerio Público contra el hábeas corpus de la primera dama, la investigación fiscal contra la Sra. Heredia y sus allegados debe continuar, no de fojas cero, como por ahí ha señalado un ex magistrado del TC. Al contrario, de lo que se trata es de aprovechar al máximo lo que avanzó el fiscal provisional de lavado de activos, Ricardo Rojas y, sin lugar a dudas, a ello debería sumarse la ex procuradora, Julia Príncipe, cuyo regreso debería ser materia de un impostergable acuerdo entre el ejecutivo y el Congreso. Asimismo, ambos poderes podrían generar un consenso básico, en torno al perfil de quien debería ocupar la cartera de justicia. No hay lugar para más peones, tipo Adrianzen, si de verdad se quiere construir un equilibrio básico, por el que camine el país durante el proceso electoral.

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